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"Doctor
muerte"
ABC,
14.III.05
No nos pronunciaremos aquí sobre el escándalo que en estos días sacude un
hospital de Leganés. Pero este turbio asunto nos permitirá abordar un aspecto
nuclear de la eutanasia que con frecuencia se soslaya, a saber: la relación que
se entabla entre el médico y el enfermo. Los defensores de la eutanasia suelen
presentarla como un mero acto de voluntad soberana en el que el enfermo
determina los confines de su propia existencia. Podemos echarle toda la épica
sentimental que deseemos a este presunto ámbito de decisión autónoma del
enfermo, mas no por ello dejaremos de falsear la realidad. La eutanasia exige al
menos la intervención de dos personas: se trata de una relación intersubjetiva
en la que, sin embargo, uno de los sujetos participantes impone su voluntad
sobre el otro. Quizá sea este componente asimétrico el que convierte la
eutanasia en una relación más que discutible desde una perspectiva
estrictamente jurídica: pues, o bien el enfermo se convierte en dueño de la
voluntad del médico, reduciéndolo a mero instrumento de su designio, o bien -y
esta posibilidad resulta aún más escalofriante- el médico se erige en señor
de la vida del enfermo, arrogándose un poder desproporcionado.
En Derecho, las relaciones imponen derechos y deberes correlativos;
en la eutanasia, sin embargo, el presunto «derecho a morir» del paciente no
genera un deber correlativo en el médico, pues -en esto convendremos todos,
incluso los más acérrimos defensores de la eutanasia- nadie puede ser obligado
por un «deber de matar». Pero la naturaleza viciada de esta peculiar relación
que se entabla en la eutanasia se hace todavía más notoria, más
insoportablemente notoria, cuando el médico suplanta la voluntad del paciente.
La intervención del médico en casos de eutanasia es siempre valorativa; y, del
mismo modo que en la emisión de un diagnóstico el médico puede cometer
errores, puede confundirse en la valoración de una enfermedad que juzga
incurable. Los motivos de esa valoración errónea son diversos: el médico, en
el desenvolvimiento de su trabajo, está sometido con frecuencia a presiones
insuperables (falta de camas, necesidad perentoria de órganos para trasplantes,
etcétera), pero además pueden actuar sobre su decisión razonamientos
equívocos de índole ideológica, filosófica o humanitaria (máxime ahora,
cuando la eutanasia se ha convertido en una medalla de santidad laica). No
olvidemos que el célebre Doctor Muerte mataba a sus pacientes convencido de que
les administraba un piadoso viático.
Cuando se somete a escrutinio jurídico y moral la eutanasia, sus
defensores suelen partir de una situación ideal -el enfermo, en pleno uso de
sus facultades mentales, demanda la muerte- que no suele producirse en la
realidad. A la postre, en la mayoría de los casos de eutanasia el enfermo
carece de voluntad, o, si la posee, está muy gravemente viciada: a veces,
confunde el sufrimiento con el deseo de morir; a veces, solicita la muerte
convencido de que si sigue viviendo se convertirá en una rémora para su
familia; y a veces, incluso, ni siquiera puede expresar su voluntad, dada la
postración en que se halla. La existencia de un «testamento vital» tampoco
soluciona nada, pues no podemos presumir que el deseo de morir que el enfermo
expresó estando lúcido no lo haya rectificado -sin haberlo podido verbalizar-
durante el estado de conciencia latente al que lo ha conducido la enfermedad.
No creo que nadie defienda la eutanasia involuntaria. Sin embargo,
la experiencia demuestra que, en la relación que se entabla entre médico y
paciente, una de las partes intervinientes es reducida en la mayoría de las
ocasiones a mero objeto sin voluntad. ¿Puede el Derecho amparar esta relación?
Juan Manuel
de Prada
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